Denunciar un delito puede parecer, en muchos casos, un proceso intimidante o confuso. Sin embargo, la legislación española reconoce a las víctimas una serie de derechos y garantías que protegen su integridad desde el primer momento en que deciden poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Ya se trate de un robo, una agresión, un fraude o un caso de violencia, lo cierto es que existen canales habilitados, protocolos claros y medidas de protección específicas para acompañarte en todo el proceso.
En este artículo, vamos a explicarte cómo presentar una denuncia en España, qué documentación debes llevar, dónde acudir, qué ocurre después y qué derechos te asisten en cada fase.
Conoce tu derecho y tu deber de denunciar
El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) impone a cualquier persona que presencie un delito público la obligación de comunicarlo a la autoridad. Con todo, la ley exime a determinados familiares directos, menores de 16 años o personas sin capacidad de obrar, así como a profesionales sujetos a secreto (como los abogados).
Es importante saber que presentar una denuncia no implica tener que demostrar nada. La persona que denuncia no asume responsabilidad si después no se puede demostrar lo ocurrido. La denuncia solo activa el proceso penal, que es investigado por la Policía Judicial, que recabará las pruebas necesarias.
Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que denunciar falsamente un delito es un delito en sí mismo. El artículo 456 del Código Penal castiga a quien “imputare falsamente a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal”.
Por tanto, hay que denunciar con responsabilidad, pero sin miedo: mientras el hecho denunciado sea cierto y se actúe de buena fe, no hay ninguna consecuencia negativa para el denunciante, incluso si la investigación termina archivándose por falta de pruebas.
Reúne la información y las pruebas
Es importante que recopiles toda la información y documentación relevante que pueda servir de apoyo a tu denuncia. Aunque no es obligatorio aportar pruebas para denunciar, facilitar ciertos datos y elementos puede acelerar la investigación policial y aumentar las posibilidades de identificar al autor del delito.
En primer lugar, lleva contigo tu documentación de identidad: DNI, pasaporte o NIE. Es indispensable para poder formalizar la denuncia y firmarla correctamente.
Si el delito implica la sustracción de objetos, como en el caso de un robo, conviene que prepares un listado detallado de los efectos sustraídos, incluyendo siempre que sea posible el número de serie, la marca, el modelo e incluso el código IMEI en el caso de teléfonos móviles. Cuantos más datos específicos proporciones, más fácil será localizar los objetos en bases de datos de objetos recuperados o en operaciones policiales posteriores.
También resulta muy útil aportar imágenes de cámaras de seguridad, si las hay, o grabaciones realizadas con el móvil. Los vídeos pueden ser determinantes para identificar al autor de los hechos, reconstruir los movimientos o acreditar el entorno donde sucedieron.
En casos de ciberdelitos, como los fraudes bancarios o estafas en internet, es esencial llevar un certificado o justificante emitido por tu entidad bancaria en el que consten los cargos fraudulentos.
Si has sido víctima de agresión o malos tratos, no olvides los partes médicos, informes psicológicos y fotografías de las lesiones.
Por último, es importante recordar que, si el hecho se ha producido recientemente y en un espacio físico como una vivienda, local o vehículo, no debes tocar nada. En esos escenarios pueden existir indicios o huellas que la Policía científica necesitará para realizar su labor. Tampoco borres mensajes de texto, correos electrónicos ni imágenes relacionadas con el hecho: si la investigación lo requiere, los peritos informáticos pueden clonar tu dispositivo para conservar la información con todas las garantías legales.
Elige dónde interponer la denuncia
Existen diferentes vías para presentar una denuncia en España, y cada una se adapta a distintos tipos de situaciones. Puedes escoger la que mejor se ajuste a tu caso concreto:
- Comisaría de Policía Nacional o Puesto de la Guardia Civil: Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son la opción más adecuada cuando has sufrido un delito de forma inmediata.
- Juzgado de Guardia: Puedes acudir directamente al Juzgado de Guardia de tu localidad.
- Denuncia online: A través del portal del Ministerio del Interior, puedes presentar denuncias durante todo el año, sin necesidad de desplazarte. Una vez enviada la denuncia, en la mayoría de los casos se te citará en un plazo de 72 horas para ratificarla presencialmente, salvo que la ratificación no sea necesaria.
Presenta la denuncia: paso a paso
- Identifícate con tu DNI/NIE o Pasaporte y lleva un acompañante si lo deseas; la víctima puede estar asistida por quien elija, salvo que perjudique la investigación.
- Relata los hechos en orden cronológico: qué, cuándo, dónde y cómo.
- Describe el autor: rasgos, tatuajes, ropa, dirección de huida.
- Entrega o referencia las pruebas reunidas. Si aún no las tienes, constará en diligencia y la Policía podrá requerirlas después.
- Firma y solicita copia sellada, el “resguardo de denuncia” es tu justificante ante bancos, seguros o tu empresa.
¿Qué ocurre tras la denuncia?
Una vez presentada la denuncia, se inicia el procedimiento penal. Dependiendo de la naturaleza del delito, de si se conoce o no la identidad del autor, y de si existen pruebas suficientes, las actuaciones siguen distintas fases en distintos plazos.
Durante las primeras 72 horas, la Policía Judicial inicia las diligencias básicas de investigación. Si el autor del delito es conocido, se remite un atestado al juzgado correspondiente. Sin embargo, si en ese plazo no se ha logrado identificar al responsable, el atestado puede permanecer en dependencias policiales sin enviarse al juzgado. Esta excepción tiene límites: si se trata de delitos contra la vida, la integridad física, la libertad sexual, la corrupción, o si se practica alguna diligencia que arroje resultados relevantes, el atestado debe remitirse siempre. Así lo establece la modificación introducida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En ese mismo plazo, es decir, dentro de las primeras 72 horas, el Juzgado de Guardia o el Ministerio Fiscal puede acordar medidas cautelares o de protección, como una orden de alejamiento, en los casos en los que se aprecie una situación de riesgo para la víctima. Esta medida está regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite dictarla de forma inmediata tras la denuncia si concurren indicios racionales de violencia o amenaza.
A partir de ese momento, si el caso continúa, entra en juego el juzgado de instrucción, que puede optar por distintas resoluciones según la evolución del procedimiento. En función de las pruebas, puede acordar el archivo del caso, el sobreseimiento provisional o la apertura de un procedimiento abreviado u ordinario si se confirma la existencia del delito y hay indicios suficientes contra una persona.
Derechos de la víctima durante el proceso
Toda persona que haya sido víctima de un delito en España cuenta con un conjunto de derechos garantizados desde el primer momento, y a lo largo de todo el procedimiento penal. Estos derechos están regulados principalmente en la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, y se aplican con independencia de la nacionalidad, situación administrativa o edad de la persona afectada.
Uno de los derechos más importantes es el de recibir información de forma comprensible y continua. Según el artículo 4 del Estatuto, toda víctima tiene derecho a entender y ser entendida en todo momento, tanto antes como después de presentar la denuncia. Esto implica que todas las comunicaciones deben realizarse en un lenguaje claro, sencillo y adaptado a las características personales de la víctima, especialmente en casos de menores, personas con discapacidad o personas extranjeras que no dominan el idioma. Además, se reconoce expresamente el derecho a estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades.
El artículo 5 refuerza este derecho a la información desde el inicio, estableciendo que la víctima debe recibir de forma inmediata y adaptada toda la información relevante para su protección y participación: cómo presentar la denuncia, cómo acceder a asistencia jurídica gratuita, qué medidas de protección puede solicitar, a qué ayudas económicas o psicológicas tiene derecho, cómo reclamar indemnizaciones o cómo recibir notificaciones sobre el estado del procedimiento.
Por ejemplo, toda víctima tiene derecho a:
- Información continua durante el proceso. Puede designar un domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones sobre resoluciones relevantes, como el archivo de la causa, la sentencia, la puesta en libertad del infractor o cualquier otra decisión que afecte a su seguridad.
- Justicia gratuita, que se reconoce automáticamente en casos de violencia de género, y también en otros delitos si la víctima acredita que sus ingresos no superan el doble del IPREM.
- Acompañamiento psicológico, asesoramiento jurídico y posibilidad de declarar mediante videoconferencia para evitar una segunda victimización.
- Recibir una copia de la denuncia de forma gratuita y, si fuera necesario, en su idioma o con traducción escrita (art. 6).
- Personarse como acusación particular en el procedimiento penal (art. 110 LECrim), lo que le permite proponer pruebas, solicitar diligencias e interponer recursos. De hecho, si se archiva el caso, la víctima puede recurrir el archivo en un plazo de tres días.
- Acceder a servicios de interpretación y comunicación adaptados, incluyendo lengua de signos o sistemas alternativos si la víctima es sorda, con discapacidad auditiva o sordociega.
- Solicitar medidas de protección, como la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación, desde el mismo momento de presentar la denuncia.
Además, se reconocen derechos específicos para colectivos especialmente vulnerables:
- Las víctimas extranjeras en situación irregular pueden presentar denuncia sin miedo a ser expulsadas. El procedimiento sancionador por su situación administrativa queda suspendido y pueden solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
- Los menores de edad pueden denunciar por sí mismos si demuestran madurez suficiente, aunque, en general, se les asistirá a través de sus padres, tutores o, en su defecto, el Ministerio Fiscal.
- En los casos de violencia de género, la ley garantiza que las resoluciones que afecten a la seguridad de la víctima —como la libertad del agresor o la modificación de medidas cautelares— serán notificadas automáticamente, incluso si la víctima no lo ha solicitado.
En conclusión, presentar una denuncia puede generar incertidumbre, pero es un paso necesario para activar el sistema de protección y justicia penal. La legislación española ofrece a las víctimas un marco claro de derechos, asistencia y medidas específicas desde el primer contacto con las autoridades.
Conocer cómo actuar, qué documentación aportar, qué ocurre tras la denuncia y qué garantías te asisten durante el proceso te permite ejercer tus derechos con mayor seguridad.